No había bombones en el interior de la caja, sino 20.000 euros en billetes de 50. Ocurrió en la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, en Palma. El intento de soborno protagonizado por un empresario de Porto Cristo apunta a un presunto delito de cohecho. La directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer Mata, en lugar de mirar hacia otro lado o de restar importancia a lo sucedido, trasladó el hallazgo al menorquín Juan Manuel Lafuente, responsable de esta conselleria del Goven Prohens, quien activó de inmediato la intervención de la Policía Nacional. Es lo que se espera de cualquier servidor público y, precisamente por ello, esta actuación debe ser subrayada cuando la confianza ciudadana en las instituciones no atraviesa su mejor etapa.
Este caso no puede reducirse a una anécdota ni a una actuación individual. Lo preocupante es el trasfondo. El empresario supuestamente aspiraba a obtener una ventaja competitiva en un espacio público marítimo-terrestre, donde la presión sobre el litoral es constante y los intereses económicos, muy elevados. La integridad institucional no se sostiene solo en las leyes, sino en decisiones concretas tomadas en los momentos clave. Las decisiones fueron las correcta. Ahora corresponde a la Justicia llegar hasta el final y depurar las responsabilidades.