Sin nombre, ni apellidos. A veces, ni siquiera un rostro reconocible. En Balears, más de 150 cuerpos permanecen hoy atrapados en un limbo administrativo que encierra un drama humano: el de quienes murieron sin que nadie haya podido decir quiénes eran. El último, este pasado jueves en Menorca, cuando el cuerpo de un migrante fue descubierto por un pescador sobre las rocas de Es Murtar. No es solo una cifra; es la constatación de un fracaso colectivo que interpela a instituciones, a la cooperación internacional y a nuestra propia conciencia como sociedad. La mayoría de estos cuerpos corresponde a inmigrantes que intentaban alcanzar Europa; otros son víctimas de accidentes o de muertes violentas. Todos comparten el anonimato.
Los esfuerzos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los forenses son innegables. Recursos técnicos, bases de datos genéticas y horas de trabajo se destinan a devolver la identidad a quienes la han perdido. El ADN, que en los años noventa supuso una revolución, pero sin muestras con las que comparar, sin denuncias de desaparición y sin una cooperación internacional ágil y efectiva, la tecnología no basta. Se queda a medio camino. La identificación de muchas de estas víctimas depende de la colaboración con sus países de origen. Y esa colaboración, a día de hoy, es claramente insuficiente.