La Conselleria de Educación ha impuesto medidas cautelares a un profesor interino del Institut de Secundària Llorenç Garcias i Font de Artà tras haber sido detenido por la Guardia como presunto autor de tocamientos a una alumna de Cuarto de ESO. El departamento que dirige el conseller Antoni Vera ha suspendido sus funciones y retribuciones hasta final de este curso. Según el informe de la Inspección Educativa, la conducta de este docente «puede ser considerada de especial gravedad debido a la condición de profesor responsable de Digitalización de la alumna agredida y la alarma social generada a nivel de centro y también a nivel social de pueblo».
Este hecho ha coincidido con la reincorporación, esta semana, al CEIP Son Pisà de Palma, de Miquel Roldán, el profesor -también interino- condenado por acosar a un alumno menor de edad para cubrir una sustitución de corta duración. El Govern, que ejerce las competencias educativas en Balears, ha de actuar con contundencia para evitar hechos similares. Y el Parlament ha de agilizar la tramitación de la ley, impulsada por el PP a raíz del caso Miquel Roldán, para impedir que condenados por acoso a menores puedan ejercer como docentes. Es preciso resolver este vacío legal y, al mismo tiempo, adoptar todas las medidas para detectar y atajar sucesos que perturban la vida en las aulas.