La Comisión General de las Comunidades Autónomas ha acordado, en el Senado, exigir al Gobierno la moratoria de los procesos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre. Esta iniciativa afecta en Menorca a las construcciones con valor patrimonial y etnográfico en el litoral, como las casetes de vorera.
El conseller de Mar y del Ciclo del Agua del Govern, Juan Manuel Lafuente critica la inversión «prácticamente nula» de Costas en Balears y denuncia las edificaciones y familias menorquinas afectadas por el deslinde que promueve el Gobierno PSOE-Sumar. «Casas reconocidas como urbanas, que he visto desde que era un niño, y que el nuevo deslinde no las reconoce, perjudicando a sus propietarios», expuso Lafuente, que aludió a El Fonduco y Cala Sant Esteve, en Es Castell. Una cuestión que se añade al incompleto y mal dotado traspaso de competencias en materia de Costas a Balears, en 2023. Una transferencia aceptada por el anterior Govern del Pacte negativa para las Islas al limitar la capacidad de gestión del litoral balear. El hecho más sangrante es el canon por la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, cuya gestión, inspección y tramitación asume Balears, pero todos los ingresos van al Gobierno central. Urge revisar este traspaso de Costas, mal planteado y ejecutado.