Inquiokupación, seguridad jurídica y derecho a la propiedad privada

Balears asiste una nueva forma de okupación que ya no afecta únicamente a viviendas vacías o inmuebles en desuso, sino a propiedades de alto valor inmobiliario. Villas y chalets se han convertido en objetivo de esta modalidad delictiva sofisticada: la inquiokupación orientada al chantaje económico. Más de 200 propiedades han sido objeto en las Islas de esta práctica. Los ocupantes acceden a la vivienda mediante contratos legales -de alquiler vacacional, temporal o larga duración-, después dejan de abonar las mensualidades y aprovechan las enormes dificultades judiciales para forzar una negociación con los propietarios. El resultado es un ‘rescate’ económico que, según fuentes policiales y jurídicas, alcanza cifras superiores a los 150.000 euros. Es un hecho muy grave porque erosiona uno de los pilares esenciales de la sociedad democrática: la seguridad jurídica. Cuando un propietario considera más rápido y eficaz pagar en negro a quien ocupa su vivienda que acudir a los tribunales, el mensaje es demoledor. No solo se cuestiona la capacidad del sistema para proteger el derecho a la propiedad privada, sino también la eficacia de los procedimientos judiciales. Los expertos alertan de la existencia de varios grupos organizados que operan entre la Península y Balears aprovechando el altísimo valor del mercado inmobiliario insular.