La declaración de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional ha introducido un matiz político y judicial relevante en el ‘caso mascarillas’, que se gestó en parte en Balears. El empresario dice que no le consta que Francina Armengol ni su Govern cobraran comisiones ilegales por la adjudicación de contratos durante la pandemia.
Esa afirmación merece ser tenida en cuenta, porque en un Estado de derecho las responsabilidades penales deben acreditarse con pruebas y no con insinuaciones. Pero que Armengol quede desvinculada de un cobro ilícito no significa que su gestión política quede exonerada. La compra de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros al entramado investigado es uno de los episodios más opacos y difíciles de justificar en Balears.
Aquellas mascarillas no cumplían las condiciones exigidas, nunca llegaron a utilizarse y siguen almacenadas años después, convertidas en símbolo de mala gestión y un gasto público difícilmente defendible. El Govern Armengol no solo adquirió un material que acabó siendo inservible, sino que tardó años en reclamar responsabilidades a la empresa adjudicataria.
Aldama podrá haber alejado a Armengol de la sospecha de corrupción directa, pero no borra que la compra de mascarillas en Balears fue un fracaso que proyecta una larga sombra sobre aquel Govern del Pacte.