Es triste que el Govern deba aplicar nuevas normas, con la Ley del Sector Público, para prevenir las actuaciones corruptas.
Seguramente era necesario que ayer el Govern, de forma rápida, diera salida a esta legislación ante la pésima imagen que transmite Balears por causa de la corrupción. Es reconocer que hay personas que escalan en política para asaltar las cajas de fondos públicos y que el poder corrompe.
¿Servirá para recuperar la confianza de los ciudadanos?. Difícilmente, porque en la sociedad se ha instalado un escepticismo injusto que deteriora la imagen de la actividad más noble, la de servir a los ciudadanos y administrar el dinero que aportan.
La administración autonómica cuenta con 104 consorcios, 30 fundaciones, 16 entidades públicas empresariales, 15 sociedades mercantiles y 5 organismos autónomos. Cada uno con su propio presupuesto. Es una macro estructura que debería simplificarse, sin favorecer parcelas de reparto del poder político y del dinero público. A los partidos les corresponde ser exigentes con las personas a las que encomiendan una responsabilidad pública.
Si los nombran no tienen otra opción que responder por ellos, antes, durante y después de unas elecciones.