Un creciente número de ciudadanos creen ya que el Estado de las Autonomías resultante de la Transición democrática de los años setenta ha sido clara y maliciosamente prostituído en su idea original. Delegar en las Comunidades autónomas diversas competencias para acercar la acción de gobierno a los ciudadanos ha sido interesadamente confundido por algunos con disponer directamente la subasta y liquidación del estado central. (Otros olvidan que más descentralización no significa siempre más progresismo sino que a veces es justo lo contrario).
La conocida, permitida y alentada dependencia de los dos grandes partidos nacionales ante los pequeños partidos nacionalistas periféricos ha sido la causa de esa maligna interpretación de nuestra Constitución. Otra es la territorialización de los partidos nacionales en su afán por parecer más nacionalistas que los originales (ver PSC, PSIB, PP-Balears, etc.) que ya no quieren la igualdad sino que exigen la bilateralidad con el Estado.
Pasados ya más de treinta años desde su aprobación se impone un estudio sobre las consecuencias de "lo que se ha hecho" durante este período histórico al amparo de la Ley de Leyes española. Muchos creen positiva la evolución social de las nuevas generaciones españolas y la progresiva implantación de una convergencia económico-social con los demás países europeos. Sin embargo cada vez hay más ciudadanos que opinan y entienden que "la parte política" no ha sido un éxito ya que se ha incrementado la desigualdad entre españoles, se ha aumentado la burocracia de forma escandalosa y se ha desunido al país al ir cediendo a las pretensiones nacionalistas más extremistas.
A ello no ha sido ajena (como "cooperadora necesaria") la Ley Electoral que, si en un principio quería compensar las desigualdades de representación de diversas regiones, se ha convertido de hecho en uno de los principales elementos de injusticia que padecemos. Conseguidos ya los distintos Estatutos de Autonomía, en modo alguno es aceptable que los votos de todos los españoles tengan distinto valor según sea el lugar donde se emitan. La sobrevaloración de los votos nacionalistas se hace visible perfectamente al comprobar como, por ejemplo, Unión Progreso y Democracia necesitó 306.000 votos para poder tener un sólo diputado en el Parlamento. Mientras, el PNV con el mismo número de votos consiguió 6 diputados, y tanto ERC como BNG y Coalición Canaria con muchos menos votos que UPyD consiguieron más escaños.
También el haber aprobado 17 leyes educativas distintas para cada una de las Autonomías es un hecho insólito que cualquier país en modo alguno puede permitirse. Se ha confundido respeto a la diferencia con imposición exclusiva del hecho diferencial. Se ha aprovechado la permeabilidad de la democracia para intentar disolver lo que la Historia ha venido uniendo durante generaciones.
Culpable es también la politización de la Justicia. Se impone despolitizarla para impedir que los políticos "metan mano" en las composiciones de los diversos órganos judiciales y poder así para garantizar su independencia.
Estos pocos ejemplos apoyan la necesidad de reorientar el organigrama político de nuestro país para detener, según explica el catedrático Francisco Sosa Wagner en su libro del mismo título, el camino hacia la consolidación de "el Estado fragmentado".