No hay rincón del mundo que pueda librarse de catástrofes naturales o de accidentes, por avanzada que sea su sociedad, por muy consolidadas que se consideren sus instituciones. Y cuando hay temporal, las cuadernas del barco crujen.
Miles de gerundenses han crujido estos días.
Desde la Transición, los gobiernos de la Generalitat han venido desarrollando un modelo de comunidad que, apoyado en reivindicaciones históricas, ha creado estructuras similares a las de un estado, no sólo independiente, sino en cierto sentido aislado. Con tenacidad han conseguido que los Mossos sustituyan a Policía y Guardia Civil, pese a un coste muy superior; han creado sus propios mecanismos de Protección Civil, de Bomberos, e incluso de Cruz Roja. Todo lo que representa centralismo, integración, Estado, ha sido mal visto por el nacionalismo catalán, y llevado a la practica del día a día político.
El Ejército no ha escapado a este "borrar del mapa". Aquí la sensación es confusa, porque en su desaparición entran factores históricos -habría que remontarse a las guerras con Francia, a las carlistas, a las de Marruecos o a la mas reciente del 36- pero también factores económicos muy asociados al mundo "del ladrillo". Las "desamortizaciones" de acuartelamientos en Cataluña muchas veces han derivado en negocios privados. Un catalogado edificio del Casino Militar de la Plaza de Cataluña fue absorbido por unos grandes almacenes. Algo semejante podríamos decir de los cuarteles de Lepanto o de Viella. Si analizásemos Montjuïc, dejando aparte el desgarro cultural que representa cerrar un museo de la ciudad, veríamos que la aplicación de la Ley 8/75 exigía una zona de seguridad de 300 metros inedificables alrededor de su perímetro. ¿Cuántos bloques de "alto standing" estarían hoy construidos en la cima del Monte de los Judíos sin esta limitación?
Constatado un antimilitarismo en parte de su sociedad, un lunes de marzo, sin pronóstico determinado, una nevada colapsó Cataluña. Y como no está sola en el mundo, la nieve también colapsó a media España y a Francia. No hay fronteras para las nevadas, como no la hay para los incendios forestales o las epidemias.
Tampoco las hay, que conste, en las sensatas mentes de muchos catalanes a los que conozco y admiro. La presión de la calle obligó a pedir el apoyo del Ejército. Se tiró de archivos y se vio cómo ya se hizo en diciembre de 2001 con otra nevada que colapsó el Bruch y los túneles de Igualada. La gestión política de aquel apoyo ya fue crítica. Luego en el 2007 con la caída de tensión de las redes eléctricas en Barcelona, se repitieron los apoyos militares. Normal, porque el Ejército es de todos y no debería ser noticia su eficaz empleo, como el reciente de la UME.
Pero los del "constatado antimilitarismo", prisioneros de sus opiniones, sufren con la presencia militar y, la eliminan a las treinta horas, cuando aún queda mucha gente aislada, cuando aún no tienen electricidad siete importantes núcleos de población. A ello se añade un problema también latente. Se reconoce que la provincia de Gerona ha aumentado su consumo en un 40-45 %; que es una de las pocas provincias españolas que no tiene red a 400 kilovoltios; que el AVE exigirá mas consumo; que un Plan Energético de Cataluña Horizonte 2010, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Industria y la Generalitat en 2002, aconseja "acometer urgentemente" unas obras "dado el riesgo elevado de degradación de calidad y la clara imposibilidad de la actual red de suministro de absorber la demanda actual". El Plan insiste en la inviabilidad de suministrar energía suficiente a la nueva infraestructura del Tren de Alta Velocidad sin disponer del apoyo de la acometida de 400 Kv.
La nevada ha confirmado el elevado riesgo. Y aparece la estación de Bescanó como núcleo principal de actuación, al quedar centrada en la conexión Sentmenat-Vic-Bescanó-Figueres-Baixás (Francia) Los sufridos ciudadanos de Girona deben saber porqué se opusieron al proyecto de la estación, la Asociación Vilanna Bescanó Natura, el Grupo Independiente Bescanó-ERC, la Asociación Anglés Verd y los propios ayuntamientos de Bescanó y Anglés. Uno de ellos -además- por lo que declaró el President Montilla a TV3 el pasado lunes dia 15, ha recurrido al Tribunal Supremo.
Tuvo que ser el Consejo de Ministros del 12 de enero de 2007 el que decretase la urgente ocupación de terrenos en Bescanó y considerar de utilidad publica las obras a realizar. La Generalitat (DOGC núm. 4895) lo hizo suyo el 31 de mayo, cuatro meses después.
Se habían perdido cinco años.
Por supuesto son lícitas las reclamaciones en un estado de derecho. Lo importante es saber gestionarlas, haciendo compatible el respeto al medio ambiente con la utilidad pública. Si no queremos que unos compatriotas nuestros sufran, aprendamos la lección. Y para paliar sufrimientos estamos todos, incluso el Ejército, a pesar del constatado antimilitarismo de algunos.
¡No conviertan a nuestra querida Cataluña en rehén de sí misma!