Resulta cuanto menos sorprendente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que ha anulado la concesión del servicio de limpieza en Ciutadella al entender que la UTE concesionaria carecía de experiencia para ejecutar estos menesteres. Y lo resulta porque una lectura rapidita a la Ley de Contratos del Sector Público deja bien claro que cualquiera no puede participar en según qué procedimientos contractuales. El legislador ha dedicado 33 de sus artículos a desmenuzar todo lo relativo a la capacidad y la solvencia del empresario, debiendo la administración contratante velar por el cumplimiento de estos requisitos. Alguien pierde el tiempo -y el dinero de los contribuyentes- si contrata la prestación de un servicio y cinco años después un tribunal viene a enmendarle la plana. ¿De qué sirve la tarea legislativa y el respeto a unos complejos y, a menudo farragosos, expedientes administrativos si con cualquier triquiñuela pueden vulnerarse la igualdad y la seguridad jurídica? No cambia. España es el país de la picaresca y del hecha la ley, hecha la trampa.
A la luna de Valencia
Contratos, ley y trampa
Lola M. Flores |