La nueva Ley de Puertos podría ser aprobada a finales de junio. Sus efectos sobre el tráfico de pasajeros y mercancías en Menorca serán muy negativos si no se modifican de forma sustancial algunos de los criterios del proyecto actual, especialmente los que pretenden incrementar los ingresos de la administración a costa de un servicio que debe seguir protegiéndose por su valor estratégico en el caso de las islas. Es verdad que en la tramitación parlamentaria se han presentado 750 enmiendas, de las cuales más de 400 han sido consensuadas entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Algunas de ellas pretenden arbitrar un modelo de compensaciones para las islas, sorteando las dificultades que imponen las normas comunitarias. Sin embargo, algunas de estas disposiciones no satisfacen las expectativas en la defensa de nuestros intereses, especialmente en el caso del transporte de pasajeros y de mercancías en las rutas interinsulares. El argumento relativo a la necesidad de respetar y cumplir las normas comunitarias adolece de un error básico. La Unión Europea debe legislar también para los isleños y ha de reconocer que éstos merecen un trato particular, por la insularidad, para que sean iguales al resto de los europeos.
Editorial
Evitar la discriminación en la Ley de Puertos