Parece ser que para ciertos sectores radicales la tergiversación es la nueva consigna a seguir y la última moda a venerar. Así se ha visto en un acto, sin duda con sabor añejo y sin precedentes en los tiempos democráticos, que se ha celebrado esta semana en la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. En ese acto, organizado por los sindicatos CC.OO. y UGT (?) con el apoyo del mismo rector de aquella Universidad, se reivindicaba, desde el compincheo político, la anulación y/o suspensión de las denuncias presentadas contra el Juez Garzón por diversos colectivos de ciudadanos. Efectivamente tanto Manos Limpias como la Falange le acusan de haber cometido supuestos delitos contra la Ley de Amnistía por los cuales, y siguiendo el procedimiento reglado común para todos los ciudadanos, ha sido finalmente encausado por el Tribunal Supremo.
Quienes se oponen a ese encausamiento alegan los méritos que, según ellos, adornan a ese juez con el cual se hermanan desde una misma postura política (que creen justifica el ser intocable) que está, evidentemente, en contradicción con quienes le han denunciado. Abominan sus defensores que sean aquellos dos colectivos quienes, con características políticas contrarias, hayan presentado aquellas denuncias que permitirán el procesamiento de su juez estrella. Pero no entran en el fondo del asunto.
Según nuestro Derecho, cualquier ciudadano español no inhabilitado específicamente puede denunciar al Juez que quiera si cree que su actuación no se ajusta a Derecho. La ley de Partidos no impide tampoco que cualquiera de ellos, mientras sea legal, pueda presentar las denuncias que considere oportunas. En este caso, guste o no guste, los denunciantes cumplen las condiciones legales para hacerlo. Y el Supremo ve indicios racionales de culpa.
Al Juez se la va a juzgar por 1) ignorar el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impide abrir un proceso penal a los difuntos. 2) Ignorar los límites de su competencia. 3) Ignorar la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados (15-10-1977) que extinguió la responsabilidad por todos los delitos cometidos por franquistas y antifranquistas.
Debe de recordarse que la amnistía no fue un autoperdón de la dictadura, sino que fue un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, ya en democracia, para olvidar un pasado y prometer un nuevo fututo para los españoles.
Pero el acto de la facultad de Medicina no sólo fue un posicionamiento parcial en defensa de un afín ante lo que marca la ley sino que fue más allá al acusar a quienes, en su supuesto recto proceder, han decidido, por unanimidad, procesar al juez. Jamás se había escuchado en la España democrática tales descalificaciones contra el Tribunal Supremo. Tales tergiversaciones. Los discursos estuvieron desfasados en el tiempo y alejados de nuestra época. Olieron a predemocrácia y fueron auténticamente reaccionarios y del más rancio sectarismo "guerracivilista. En una muestra de supina insensatez la reunión de los garzonistas no fue sino una especie de "conjura de los necios" en la defensa de una imposible vuelta atrás en la historia. Después de casi cuarenta años de democracia (más tiempo ya del que permanecimos bajo la dictadura franquista) es ridículo pretender anular la Transición y reivindicar una vuelta al pasado.
Cuando la pasión ideológica quiere anular la legalidad jurídica se produce un choque de intereses que puede afectar al buen funcionamiento del Estado de Derecho, cosa que el Gobierno debe de evitar.
El futuro inmediato de Garzón se presenta por tanto ciertamente complicado porque, además, tiene dos nuevas acusaciones en su contra. Una por cohecho y prevaricación referida a la aceptación de ayuda económica por parte de Emilio Botín del Banco de Santander para financiarse unos cursos en Nueva York. Estas ayudas se relacionaron posteriormente con el archivo de unas querellas que se habían presentado contra el mismo Botín. Finalmente se le acusa de haber espiado a unos abogados que se entrevistaban en privado con sus clientes.
El acto de la Facultad deberá de tener consecuencias ya que mientras ZP hace declaraciones en el sentido de respetar las decisiones judiciales, varios miembros de su Gobierno se han posicionado a favor de quienes han presionado de forma lamentable al Tribunal Supremo. ¿Con quien está el PSOE? ¿Con Garzón o con la ley que representa el Supremo?.