Estos días ha aparecido la reivindicación de dos ciudadanos que exigen a la Administración el pago de un trabajo realizado o un servicio prestado. Lo que debería ser normal, cobrar sin una demora superior a los 60 días, cobrar e incluso protestar, resulta extraordinario. Decenas de proveedores viven los perjuicios y en muchos casos la angustia de una injusta presión, si reclaman es probable que el Ayuntamiento o el ente público de turno les amenace con no volver a contratar con ellos. La respuesta que los dos ciudadanos en cuestión han recibido ha sido pobre, bordeando el ridículo, el conseller de la cosa ha alegado entre otras cosas que se le rescindió el acuerdo por razones de calidad y la concejala de Maó, más honesta en su análisis y con la imprescindible autocrítica, aduce lo que todos sabemos, problemas de liquidez. Una ojeada a las actas de las comisiones de gobierno municipales revela un índice de morosidad que supera con creces los doce meses, insoportable para cualquiera.
Si siempre es importante pagar en tiempo, lo es más en situaciones como la actual. De una administración local no se esperan grandes planes para el fomento del empleo y la economía, aunque también pueden hacer algo, basta con que cumplan sus obligaciones, que paguen con la misma diligencia que exigen los tributos, y no lo deterioren más.