Contra mi costumbre, escribo a "vuela pluma" porque salgo de viaje en unas horas, pero el tema no es para menos. La clase política gobernante y dirigente en general necesita renovarse. Es cierto, aunque no lo reconozcan siempre, que el ciclo económico no depende de ellos, ni para crecer, ni para declinar; sin embargo, pueden acelerar el crecimiento y amortiguar una crisis, siempre que hagan las cosas correctas para ello, lo cual no ha sido siempre el caso de los actuales gobernantes de la nación; sobre todo porque los que deciden no son muy expertos en economía, dentro de un marco de opinión donde abunda también el desconocimiento. En definitiva, el gobierno sólo se rige por estrategias políticas, desconociendo en apariencia las implicaciones económicas que en ellas subyacen; y resulta cómodo que las decisiones importantes provengan de la Unión Monetaria Europea, en lugar de fraguarse aquí.
No nos engañemos. A los dirigentes de la UME lo que más les preocupa es la estabilidad del euro, la situación monetaria de los países grandes deudores, en particular también España, cuya incidencia sobre el conjunto es incisiva. Esto es correcto y también incumbe al conjunto de los españoles, pero a estos interesa que se recupere la economía y decline el paro en España. Es decir, que la cosa no se quede en reducir simplemente el déficit público.
Con la sola reducción de sueldos de funcionarios se arreglará poco. Se ha visto que las medidas keynesianas en España no han funcionado, sólo han servido para aumentar el déficit público y el desempleo. Ahora se pretende cambiar de política en 180 grados. Es evidente que el descenso de déficit tiene que ir acompañado de las reformas estructurales de las que tanto se habla y escribe, con razón: laboral, seguridad social, educativa, energética y otras más. Por otro lado, subir ahora los impuestos no significa aumentar la recaudación, lo que hace falta es que aumente el PIB y ello se conseguiría con la ayuda también de dichas reformas estructurales.
Se dice que los bancos no han incrementado sus prácticas crediticias, lo cual no es del todo cierto porque sí las han aumentado y mucho con el sector público, en lugar de favorecer a las empresas privadas y a las familias necesitadas de servicios de intermediación bancaria. Hace meses escribí sobre la conveniencia de privatizar a las cajas de ahorro insolventes, la propuesta cobra cada vez más actualidad.
Otros países, en situación menos crítica que España, congelarán sueldos de funcionarios, pero reducirlos de golpe, como se pretende aquí, en una media del 5 por ciento, cuando en este ejercicio ya se había limitado su subida, resulta desafortunado. Técnicamente esta medida tomada fuera de un plan global, incidirá negativamente sobre el consumo y la marcha de los negocios, alargando la recuperación económica. Ante tanto dislate considero urgente que todos los españoles puedan ejercer el derecho de pronunciarse en sus opciones políticas y proyectos de reformas a la mayor brevedad posible, entrando en su debate a través de unas elecciones generales, que por circunstancias obvias tendría que consensuarse la conveniencia de evitar para ello gastos también ociosos, como tantos otros que resultaría prolijo enumerar y que al eliminarse podrían rebajar el elevado coste que se pretende cargar sobre todo a los funcionarios activos, dejando fuera a consejeros de cargos y de empresas públicas, las cuales aunque pierdan dinero se suelen perpetuar. Esperpéntico.