La reducción de los sueldos de los políticos no va a resolver ni tampoco paliar los graves problemas del déficit de las administraciones públicas. Sin embargo, se trata de dar ejemplo. Cuando la realidad de muchas familias es la penuria económica y las dificultades para encontrar trabajo, se espera de las autoridades un acto de austeridad, que se aprieten un poco el cinturón, un poco más de lo que deberán hacerlo los funcionarios. Por eso es positivo que el presidente del Gobierno renuncie a un 15 por ciento del sueldo, algo más de 13.000 euros, y que los diputados lo hagan en un 10 por ciento. De todas formas, las generalidades nunca hacen justicia. Hay políticos y cargos de confianza que se ganan cada euro que cobran y otros que aportan muy poco a la eficacia de la administración pública. Tampoco todas las administraciones municipales son iguales y las normas genéricas provocan agravios comparativos, consiguiendo que salgan perjudicados los Ayuntamientos que han hecho las cosas mejor que otros. No tiene sentido prohibir a todas las administraciones locales pedir créditos a largo plazo, tanto a aquellas que han reducido su deuda como a los que la han disparado. Y, mientras, el Gobierno sigue rectificándose a si mismo.
Editorial
La estética de los salarios políticamente correctos