La huelga de funcionarios convocada por los sindicatos tiene sus motivos, por el recorte salarial que han decidido aplicar las administraciones a sus empleados. Se centra por tanto en protestar por unas medidas que se consideran injustas. Es verdad que el ajuste salarial también se ha aplicado en la empresa privada, sin decretos sino por necesidad, y que los funcionarios gozan del privilegio de su estabilidad laboral. Se entiende su protesta, aunque también es comprensible la implicación necesaria de todos los estamentos de la administración pública en las medidas de austeridad. Quizás esta huelga sea anticipo de la general que podría celebrarse el 30 de junio. Él éxito o el fracaso de la protesta de hoy definirá el nivel de conflictividad social de los próximos meses, cuando el Gobierno debe hacer los deberes que le exige la Unión Europea y acometer una reforma laboral que no cuenta con una mínima base de acuerdo entre las partes. El pacto no sería tan complicado si el debate político no contaminara la interpretación de las medidas económicas. La reforma laboral debe servir para fomentar la creación de empleo y, sin centrarse en los subsidios, ha de ser un instrumento para que sea posible encontrar un puesto de trabajo.
Editorial
Huelga de funcionarios, derecho y oportunidad