Los sindicatos están en su derecho de convocar una huelga general y los actos de protesta que consideren para expresar su disconformidad con la reforma laboral. Sin embargo, la huelga será inoportuna y no ayudará a mejorar ni a cambiar, sino todo lo contrario, la evolución de la economía y del empleo, ni conseguirá paralizar las reformas necesarias. Los sindicatos tienen que jugar un papel fundamental en la defensa de los trabajadores, pero ya no como organizaciones de clase, sino como una estructura que incide en la actividad de la economía en aspectos que son esenciales. El poco seguimiento a la jornada de huelga en el sector público, a pesar del gran malestar que ha provocado el decreto entre los funcionarios, debería motivar una profunda reflexión de las organizaciones sindicales.
Ya nadie cuestiona la necesidad de acometer la reforma laboral, entre otros motivos porque los modelos de contrato responden a unas circunstancias económicas muy distintas a las actuales. La incapacidad de llegar a acuerdos obliga al Gobierno a tomar la iniciativa. Apurar la negociación y ceder para alcanzar un pacto habría sido también defender los intereses de los trabajadores sin necesidad de huelgas generales.