La Ley del Sector Público ha sido aprobada por unanimidad en el Parlament. Establece una serie de medidas para obstaculizar la corrupción política, que en su mayor parte se concretan en un mayor control administrativo y en una menor autonomía de los organismos y empresas vinculadas. Es un tímido regreso al pasado, aunque insuficiente. En el Foro Menorca celebrado el miércoles se plantearon algunas de las claves para evitar la corrupción sin incrementar la burocracia administrativa ni perjudicar la eficiencia de los servicios públicos. Hay que reducir drásticamente el número de organismos autónomos, que han proliferado en los últimos años, en teoría para ganar agilidad, pero en realidad se ha demostrado en muchos casos que era una forma de eludir los criterios de la buena gestión pública. Hay que devolver a los funcionarios el prestigio de su oficio, que se basa en que están al servicio de los ciudadanos y no del partido político al frente del Gobierno. Deben recuperar su independencia profesional y, en los puestos técnicos para los que están preparados, ejercer una labor que en sí misma ya representa un control de la gestión. El perfil de los altos cargos debería ser cada día menos político y más técnico. Estos pasos ayudarían a recuperar la confianza de unos ciudadanos cada vez más escépticos.
Editorial
Más controles por la falta de confianza