El anuncio de huelga durante la segunda quincena de agosto de los controladores ha provocado ya un daño irreparable, las reservas de último minuto -cada vez más frecuentes- han volado. Nadie elige un destino sobre el que pesa la incertidumbre del transporte y, desgraciadamente, los servicios mínimos máximos que exigen las autoridades no garantizan normalidad porque, como ha declarado algún controlador, no se trabaja igual en esas condiciones. Visto desde un destino turístico dependiente del avión, el conflicto constituye una inquietante amenaza a la línea de flotación de la economía insular.
Cuesta sensibilizarse con las reivindicaciones de un colectivo que goza de una jornada laboral y unas retribuciones impropias del país y del momento que atravesamos y resulta incomprensible el uso de un derecho de huelga que cuando aparece con tanta desproporción entre una minoría privilegiada que lo ejerce y la mayoría, millones de pasajeros indefensos y perjudicados, se convierte en flagrante abuso. El estilo corporativista que emana del comportamiento de su sindicato agrega argumentos al rechazo popular y fuerza al Gobierno a mantenerse firme en las medidas iniciadas para modernizar este servicio público.