Los ayuntamientos acaban de sufrir un nuevo pellizco en sus maltrechos recursos financieros. La liquidación del ejercicio 2008 les obliga a devolver al Gobierno dos millones, de los que casi la mitad corresponden a Ciutadella, y obliga a su vez a elaborar un replanteamiento de sus funciones, competencias y obligaciones con el fin de recuperar estabilidad presupuestaria y ganar solvencia, puesta en entredicho por la repentina pérdida de ingresos y unas cargas sociales en aumento.
Último escalón de la estructura político-administrativa, la institución municipal es la más perjudicada por el pinchazo económico. En los últimos años ha participado de la alegría financiera, estimulado por el afán de influencia y presencia en la calle, con despliegue de organigramas, capacidad de gasto, promoción de actividad y prestación de servicios por encima de lo que su propio ámbito competencial recomendaba y la propia ciudadanía exigía. La reivindicación legítima de una mejor financiación no elude la aplicación inmediata de una política de repliegue al ejercicio de sus estrictas atribuciones y a una política de gasto más racional tal como aconsejan los tiempos y se insta desde todas las tribunas.