La demora en los trámites de la Administración constituye una queja recurrente entre los ciudadanos. La burocracia sigue apareciendo como una muralla de difícil superación, pertrechada de trampas, contra la que se estrella la iniciativa de los emprendedores o se interpone en la actividad empresarial. La Comisión balear de Medio Ambiente constituye un organismo que plasma con cruel realismo esa barrera y que agrega retraso a los proyectos públicos y privados que pasan por su filtro. Ninguno se libra ya de los informes de impacto o estudios de evaluación ambiental, circunstancia que ha convertido esta Comisión en trámite imprescindible, que la ha desbordado de trabajo y, en definitiva, la ha convertido en una auténtica trampa en la que se cae por imperativo legal. Los requisitos garantistas chocan con la eficiencia, un plan retenido durante meses e incluso años como está sucediendo frena la inversión, altera ritmos de producción, daña la competitividad y, por extensión, lesiona legítimos intereses ciudadanos. El propio responsable de este órgano reconoce el problema de embudo que se ha formado y los esfuerzos por agilizar los trámites pendientes, una obligación porque, en el fondo, se dirime también una cuestión de justicia.
Editorial
Garantía y eficiencia en la Administración