En 2003, el senador José Seguí consiguió introducir una disposición adicional en la Ley de Puertos que reconocía el derecho a la bonificación de tasas en el transporte interinsular de mercancías. La norma estaba inspirada en un buen principio: El coste adicional que representa la doble insularidad para Menorca y Eivissa necesita corregirse con medidas explícitas de apoyo. Sin embargo, la revisión de la Ley de Puertos ha suprimido esta disposición y por tanto su aplicación va a tener efectos negativos para la economía insular, más trascendentes que la eliminación de la plaza reservada al alcalde de Maó en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria. Esta plaza debe reivindicarse porque Menorca no está para perder representatividad en foros en los que se adoptan decisiones importantes. Conjuntamente, debería alzarse la voz para que nuestra economía no pierda competitividad por decisiones políticas. El senador Arturo Bagur espera que la Ley de Presupuestos del Estado permita recuperar las bonificaciones, mientras que los diputados Grau y Muñoz comparten la opinión que el cambio legislativo es consecuencia de las normas europeas. De todas formas, de los legisladores necesitamos menos opiniones y más soluciones.
Editorial
La nueva Ley de Puertos perjudica a la Isla