El macabro suceso de la semana pasada ha sobrecogido a la sociedad menorquina y ha disparado los comentarios habituales que provoca la brutalidad. Desde los partidarios de recuperar la pena de muerte -un exceso puntual producto de la humareda emocional- hasta el castigo ejemplar, se han sucedidos las reacciones. Es normal que estos casos enciendan el debate, el paso del tiempo se encarga de apagarlo. Dentro de unos años, a pocos preocupará el devenir de la presunta autora del crimen. Para entonces, otros sucesos saciarán la curiosidad del lector o sacudirán la conciencia social. El código penal que nos hemos dado, propio de una sociedad avanzada que cree en la reinserción del delincuente, no se distingue por castigos severos. En enero de 2006, Marie Margot Sumi, ex vecina de Sant Climent, recibió 30 puñaladas de su pareja. El asesino fue castigado con 19 años de prisión, después de un proceso judicial donde el juego de agravantes y eximentes, pruebas y recursos de fiscales y abogados son capaces de convertir en blanco lo que todo el mundo percibe como negro. Algo así puede ocurrir esta vez, con la peor calificación a la moza le caerían 25 años, que con alguna redención se quedarían en un máximo de 20. La vida de una persona en España se cotiza a la baja. Un homicidio o un asesinato se redime con 20 años de cárcel. O menos.
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