El Gobierno declaró ayer por primera vez en 35 años de democracia el estado de alarma en España. La insólita medida, prevista en la Constitución, obedece al caos provocado por los controladores aéreos y se justifica en la situación excepcional creada por este conflicto, que ha paralizado el transporte y con ello innumerables actividades de repercusión colectiva, particularmente en territorios como el nuestro, cautivo de este servicio. La gravedad de las consecuencias obliga además a depurar responsabilidades que, si bien no servirán para reparar el daño ocasionado, han de garantizar que, en palabras del ministro, "esto no les pueda salir gratis" a los culpables. Se ha vivido una situación sin precedentes y la protesta del colectivo ha tenido características de chantaje, el clima de alarma e indefensión se han sentido en el latido ciudadano y la demanda implícita de acción al Gobierno ha obtenido una respuesta adecuada por más que el recurso a la militarización de las torres de control pueda parecer exagerado. La prioridad era recuperar la normalidad en los aeropuertos y ese objetivo se alcanzó ayer a media tarde, aunque atrás quedan los planes arruinados y las expectativas frustradas de miles de ciudadanos.
Editorial
En estado de alarma