Hace unas semanas un centenar de empresarios coordinados por la Fundación Everis y dirigidos por Eduardo Serra, antiguo colaborador con los gobiernos de la UCD y de Felipe González así como ex Ministro de Defensa de Aznar, presentaron un catálogo de propuestas con el fin de "auspiciar consensos políticos y sociales sobre las que basar lo que consideran urgentes y necesarias transformaciones tendentes a una efectiva modernización del país".
Bajo el título de "Transforma España" este grupo confeccionó un documento que incide en la gravedad de la crisis económica que afecta a nuestro país.
La polémica surgió cuando se entregó éste informe al Rey en lugar de al Jefe del Ejecutivo español Rodríguez Zapatero, pero, en cualquier caso, la oportunidad de tal iniciativa es evidente.
Todos los parámetros económicos actuales muestran la pérdida de poder real de España en el mundo. Más allá de la crisis que afecta especialmente a toda la economía occidental, España sufre con inusitada crudeza las consecuencias de unas políticas internas que no han logrado ayudar a encontrar una salida en línea con la mayoría de los países europeos de nuestro entorno y con los cuales parecía, según Zapatero, que jugábamos en los primeros puestos de la Champions League del desarrollo europeo. El citado informe se divide en varios apartados y toca especialmente el campo político y el educativo.
En el primero, se propone la adopción de diversas medidas políticas que ayuden a devolver el protagonismo al ciudadano restándoselo a la partitocracia existente hoy en nuestro país. Se proponen listas abiertas y limitación de mandatos. Se apoya una reforma de la Ley Electoral que reemplace el sistema d' Hont por el proporcional para lograr una justa representación desde la igualdad efectiva de todos los ciudadanos españoles sin privilegios para las minorías. Se expresa la preocupación por la baja calidad profesional de la mayoría de los políticos españoles muchos de los cuales están más preocupados por su propio futuro que por el del país. Se propone reformar la Justicia para lograr una efectiva separación de poderes logrando que el poder judicial sea ajeno a las presiones políticas al uso. Se demanda clarificar de una vez el modelo autonómico del Estado para acabar ya con las duplicidades existentes. Se constata que un Estado es inmanejable con 17 comunidades cada una de ellas con sus propias leyes y normativas especiales, con más de ocho mil ayuntamientos (muchos de ellos de menos de 50.000 habitantes), con diputaciones, cabildos, y 4000 empresas públicas donde domina el oscurantismo en sus cuentas. Se critica que el Estado haya perdido un cierto control sobre el gasto autonómico. En suma, se aboga por una regeneración del sistema que aporte nuevo vigor a la democracia española.
El informe también muestra, y de forma especial, una gran preocupación por la baja calidad de la educación que se imparte en España. Se constata que ese es uno de los principales problemas de nuestro país a día de hoy. La formación de nuestros estudiantes es casi tercermundista (el nuevo informe Pisa confirma estos días el fundamento de esa preocupación). Se aboga por la reforma de la ley educativa y se evidencia que no es posible mantener una unidad de país con 17 leyes educativas distintas.
Cualquier observador medianamente introducido en la problemática del país estará de acuerdo con la sensatez de estas medidas. O como diría Sherlock Holmes: "Elementary, my dear Watson".