La necesidad de probar las acusaciones

El empresario Valeriano Allés ha lanzado acusaciones muy graves contra el presidente del Consell y varias compañías de la Isla. Se basa en un informe de una empresa de detectives contratada por él, que aporta algunos datos e interpretaciones, pero cuyo contenido no es concluyente sobre la posible existencia de irregularidades. Quien acusa tiene la responsabilidad de probar lo que dice, de aportar las pruebas suficientes para argumentar sus acusaciones, porque de lo contrario se causa un daño injustificado. La presunción de inocencia es otro principio que ha de respetarse y quienes se sienten perjudicados por unas acusaciones públicas tienen el derecho a acudir a los tribunales, como piensa hacer Marc Pons y quizás algunas de las empresas citadas en el informe. Por otra parte, Valeriano Allés no debería haber vulnerado el derecho a la intimidad de la familia del presidente, afectando incluso a menores de edad en la difusión de las acusaciones.
Finalmente, los ciudadanos tienen derecho a una información completa sobre un tema que ha despertado un gran interés y a conocer, más que las opiniones, los datos y las pruebas. La respuesta judicial será necesaria, porque es en esa instancia donde se juzga, se absuelve o se condena y no en los medios de comunicación.