¿Cómo se hará cumplir la Ley del Buen Gobierno?

El BOIB publicó el 8 de abril la última Ley aprobada antes de la disolución del actual Parlament, la Ley de la Buena Administración y del Buen Gobierno. Es una norma que se añade a otras ya en vigor, especialmente la Carta europea de los Derechos Fundamentales, que emana del Tratado de Lisboa de 2007. Uno de los objetivos principales se resume en el derecho que tiene cualquier ciudadano a que la administración "trate sus asuntos de manera imparcial y equitativa y en un plazo razonable". La nueva legislación balear exige estas actitudes de los políticos: "objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural, medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres". Crea un nuevo servicio, una Oficina de Evaluación Pública, que velará por el cumplimiento de la Ley. Esta legislación pone por escrito lo que no haría falta que constara en un texto legal, porque se presuponen esas actitudes. De todas formas, no se establecen sanciones y existe el riesgo de que la Ley se incumpla, como hasta ahora, sin consecuencias.