Varios ayuntamientos y el Consell se encuentran con dificultades para abonar las nóminas de los empleados públicos. Es uno de los efectos más gráficos sobre su situación financiera. En el caso del Consell, el retraso por parte del Govern del pago de 24 millones de euros tiene efectos muy negativos. Los cambios de gobierno en las administraciones están sirviendo para poner de manifiesto esta precariedad económica, que hasta ahora no se mostraba con transparencia. Por otra parte, los nuevos equipos de gobierno realizan equilibrios para reducir los costes de los representantes políticos y de cargos de confianza, sin que ello afecte de forma excesiva a las retribuciones de quienes prestan un servicio en las instituciones.
Mostrar el triste estado de las arcas públicas y hacer bandera de la austeridad han de servir para poner el punto y final a varias legislaturas de despilfarro. Que en época de Matas se pagaran 900 euros a cada consejero de IB3 por asistir a una reunión o que en 2009 los 21 miembros del consejo de Ports de Balears se repartieran 221.893 euros son situaciones escandalosas que nadie denunciaba. La nueva forma de hacer política ha de mejorar la imagen de quienes la ejercen.