El proyecto de suministro de agua desalada en la instalación de Es Rafal Amagat contó desde el inicio con un amplio apoyo político y social. La intrusión de agua del mar en los acuíferos de la zona sur de Ciutadella precisaba de una medida de este tipo. La obra está terminada desde hace meses y sin embargo la puesta en marcha no tiene fecha. Su inactividad es una consecuencia de la falta de previsión. No se ataron todos los cabos para que el agua desalada pudiera llegar a los consumidores. Ahora faltan tres millones de euros para completar las conexiones prioritarias, sobre todo a los depósitos de agua potable de Ciutadella. Sin embargo, los residentes en este municipio deberán pagar cuatro veces más por este agua, lo que el actual equipo de gobierno no parece dispuesto a aceptar. Al final, se plantea que la rentabilidad de la desaladora depende de que el agua que procesa llegue a todos los municipios de la Isla y así se repartan los costes y se pueda solventar la problemática de la baja calidad del suministro en Maó, Sant Climent y Es Castell. La extensión de más de 45 kilómetros de tubería costaría más de 20 millones de euros. Por todo ello, la desaladora se encuentra en un atolladero, al que hay que encontrar una salida.
Editorial
El incierto futuro de la desaladora