La ausencia de una perito que se encontraba de vacaciones –una causa no imprevista– motivó la suspensión de un juicio de abuso sexual a una menor este jueves. La incidencia –más habitual de lo conveniente, incluso en el enjuiciamiento de delitos tan sensibles como el que se dirimía– no pasaría de anécdota de no haber coincidido con la Apertura del Año Judicial en Menorca. En el transcurso del acto, que contó con la plana mayor de la Justicia balear, se destacó el incremento de asuntos civiles vinculado a la litigiosidad motivada por reclamaciones de cantidad e incumplimientos contractuales de diversa índole así como unos índices de resolución superiores a la media estatal. Es indudable que la Justicia constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho y que, pese a las dificultades a las que se enfrenta –modernización que no llega, saturación, edificios anticuados, carencia de medios materiales y humanos–, funciona. Sin embargo, suspensiones, dilaciones excesivas y resoluciones, en ocasiones, sorprendentes le restan efectividad y minan la confianza ciudadana en esta institución. Por ello, resulta acertada la reflexión de Antoni Terrasa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, en orden a "poner el acento en medidas de naturaleza procesal y organizativa", más en tiempo de crisis.
Editorial
Efectividad y confianza en la respuesta judicial