Una mayor sensibilidad social propició en 2007 la constitución de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca con el objetivo de crear una red unificada de servicios gestionada a través de una única entidad conformada por las administraciones de la Isla y las entidades privadas que llevara a cabo actividades en este ámbito, evitara una actuación fragmentada, incompleta y descoordinada, y garantizara la atención integral y adecuada a las necesidades de los usuarios y la eficiente asignación de recursos tanto públicos como privados. Resulta demoledor que cuatro años después esta loable iniciativa esté al borde del precipicio. El Consell ha impulsado un análisis económico para determinar en qué momento y por qué causas la gestión dejó de ser eficiente, y advierte de la situación crítica en la que se encuentra la entidad de la que fue fundador principal. Nadie discutirá la imperiosa necesidad de revertir la situación, sin embargo, no debería renunciarse a la aspiración que impulsó la creación de la Fundació -contribuir al desarrollo integral y al bienestar de las personas discapacitadas, y sus familias- ni tampoco abordar la prestación de servicios que ésta ofrecía desde un punto de vista puramente crematístico. La Administración no debe perder pero tampoco ganar.
Editorial
Atención a la discapacidad, en la encrucijada