La paralización de la puesta en marcha de la desaladora de Ciutadella empieza a cobrar tintes que rozan el absurdo. La maquinaria está lista para funcionar pero la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y el Govern retrasan la solución para los castigados acuíferos de Ponent. La posición del equipo de gobierno, respaldada por el resto de partidos, se ajusta a la lógica: No consumir agua desalada hasta que se clarifique el precio y que éste sea asumible para los consumidores. Lo que ya no es tan comprensible es la demora del Ejecutivo autonómico en aclarar el tema de las tarifas, escudándose en que lo prioritario ahora es la canalización hasta los depósitos municipales. A todas éstas, la empresa que ha de gestionar la planta, Acciona, advierte que la instalación puede verse afectada si sigue mucho tiempo parada. El tiempo pasa y el problema sigue sin resolverse, por lo que al final los perjudicados son los ciudadanos. En esta partida de ajedrez que se está jugando, tal vez sería conveniente que las administraciones ampliaran el campo de visión y aprovecharan esta infraestructura para dar una respuesta global a un problema que afecta en menor o mayor medida a toda la Isla. El proyecto sería costoso. Sí, pero más caro es haber realizado una inversión millonaria en una obra que de momento no sirve para nada.
Editorial
La desaladora, una inversión paralizada