Si preocupantes son las tarifas aplicables, en pleno verano, en el puerto de Mahón, superiores al 103%, con respecto a nuestros competidores de la cuenca mediterránea, no son menos preocupantes, las aplicadas en invierno. Si tomamos como ejemplo, un barco de 12 metros de eslora y 4 metros de manga, que está en el standard medio, y lo situamos en el moderno puerto de Leucate, en la costa francesa, pagaría por todo el año 2.565 euros (Tasas y servicios incluidos), lo que supone un coste de 0.14 euros por m2 y día. Este mismo barco, situado en Mahón, supondría un coste de 7.639 euros, mas una tasa por señalización marítima (que rondaría por otros 200 euros). En este caso, la repercusión por m2 y día sería de 0.45 euros (221,43% mas que en el caso anterior y el doble que en Saint-Tropez).
Si en el caso de los amarres de tránsito, en temporada alta, que estudiamos la semana pasada, vimos como debido a la falta de llegadas y a la merma de estadías, el puerto era menos vivo, las quejas por los precios aumentaban, los establecimientos –y no nos referimos solamente a bares y restaurantes-, mermaban su clientela y, por lo tanto su facturación, en el caso que nos ocupa hoy, con los barcos de base, se repite buena parte de la misma dinámica, obliga a los propietarios de pequeñas –y no tan pequeñas- embarcaciones, a emigrar, unos a otros lugares mas competitivos, otros a garajes y "tanques" y, lo mas triste, un importante número de sufridos "sujetos pasivos" de la "autoridad" renunciando a su merecido asueto, vendiendo o abandonando sus embarcaciones.
Menorca no ha sido nunca un modelo de agilidad en sus comunicaciones aéreas, pero aún así, durante los años 90, el puerto contaba con una muy importante flota de invernada, de diversas nacionalidades. Sus propietarios, durante el año, visitaban sus embarcaciones en dos o tres ocasiones y aprovechaban para encargar, reparaciones y suministros -y también para hacer turismo en la Isla, con sus acompañantes-. Año tras año, ha ido incrementándose la presión recaudatoria y disminuyendo la flota, hasta los resultados actuales.
Cabe preguntarse a que son debidas estas importantes diferencias en los precios, que nos han colocado en desventaja con nuestros competidores y, como siempre, llegaremos a la pésima gestión de la Autoridad Portuaria. Hemos visto como Mahón dobla los costes de los puertos franceses. Lo que, en principio, sería una buena solución para la mejora de servicios, con la adjudicación de la gestión, la Autoridad Portuaria y la legislación que la ampara, lo han convertido en una perversión, al querer cobrar a los concesionarios, además de las tasas, el "alquiler" de unas instalaciones ya amortizadas por el concesionario anterior. Si estas instalaciones existentes, cuya inversión hizo en su momento, un concesionario anterior y, que al cumplir su contrato, quedan en propiedad de la Autoridad Portuaria, las gestionase directamente ella misma, los costes de amarre de una embarcación, de acuerdo con el cuadro de tasas y tarifas publicado por la propia APB, estaría en 0.15 euros por m2 y día (tasas incluidas), lo que se aproxima a los precios de mercado actuales. Con el fin de agilizar y mejorar la gestión, entre otras cosas, contar los clientes o usuarios con un servicio de marinería que ayudase en las maniobras de atraque y desatraque, en lugar de celadores que ponen multas, cabría la gestión indirecta, a través de un concesionario, pero nunca a costa de incrementar los costes finales al usuario. La lógica indica que este servicio adicional, no transferible al usuario, debería ser asumido por la propia Autoridad Portuaria, en compensación a su ahorro en personal, seguros y consumos.
Tampoco parece razonable que se exija a los concesionarios la obligatoriedad de que los consumos de agua y electricidad, pasen necesariamente por sus contadores (de la APB), con lo cual, la facturación de estos servicios, queda triplicado, con repercusión directa a quien los consume (los usuarios). Esta práctica habitual, bajo nuestro punto de vista, es muy cuestionable y de dudosa legalidad, por cuanto supone una reventa de electricidad.
Es totalmente inconcebible que una comisión técnica que debe evaluar las ofertas de los concursos públicos, no solo de por buena una oferta que quintuplicaba el canon de salida, si no que, además la puntuaba como "la mejor oferta". ¿No se dio cuenta esa comisión que casi un millón de euros anuales, dividida por los aproximadamente 400 amarres (suponiendo que estarían ocupados todo el año), da como resultado 2.500 euros por amarre y año? Y ¿Quién iba a amortizar la desmesurada e innecesaria inversión en tan pocos años? Pero, por lo visto les da igual. A unos ganar el concurso, como sea. Y a los otros recaudar sin esfuerzo y a costa de vaciar el puerto y, consecuentemente, empeorar nuestra economía.
Nuevamente, en algo sí lleva razón el Sr. Urrutia, Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares: "Las tarifas de los amares las fija la ley de la oferta y la demanda". Por eso, precisamente, los puertos de Baleares han quedado fuera de mercado.