El Govern se plantea incorporar el céntimo sanitario, lo que significa subir entre 2,4 y 4,8 céntimos el litro de todos los carburantes para financiar la sanidad pública. Ya hay diez comunidades autónomas que lo aplican. Es evidente que la línea roja en esta materia está en la pérdida de calidad asistencial hasta tal punto que perjudique de forma evidente la atención a los problemas de salud de los ciudadanos, que ya pagan por este servicio a través de sus cuotas a la Seguridad Social. Ahora parece que el céntimo sanitario puede ser un mal menor, sin embargo el Govern debería atender otras opciones. Subir ahora los costes de los combustibles, que están en su punto máximo, lo que ya tiene un efecto muy negativo sobre la actividad económica, debería ser objetivo de un análisis profundo con alternativas sobre la mesa. En esta cuestión, también conviene escuchar a los expertos, como Guillem López Casasnovas. Una de las cuestiones es la conveniencia de ajustar la demanda de los servicios, que al no tener un coste por cada prestación individual puede provocar abusos. Un copago moderado y siempre sensible, con regulación específica, a la situación económica del usuario podría conseguir la reducción de costes, sin efectos negativos sobre la economía. Las decisiones no pueden demorarse.
Editorial
En sanidad, más vale prevenir que curar