El Gobierno inició ayer la tramitación de la Ley de Transparencia, un proyecto que ha quedado pendiente en las dos últimas legislaturas. España es uno de los pocos países que todavía no cuentan con una norma que regule el acceso a la información de las administraciones públicas. Esta legislación sin duda habría dificultado las actitudes corruptas que han llenado los juzgados en los últimos años. Es por tanto, necesaria para mejorar la imagen de la función pública a través de una mayor transparencia de su actividad. Conocer los sueldos y el patrimonio de los políticos puede parecer anecdótico, sin embargo ejercitar la oferta de estos datos es sano para el sistema. Como lo es que los ciudadanos puedan solicitar una información y que en el plazo de un mes obtengan una respuesta. En los últimos años, arrinconado el espíritu de la Transición, las administraciones han puesto obstáculos para el acceso a la información de interés público. Hoy es difícil acceder a un expediente, incluso después de que sea aprobado por la administración competente. La nueva Ley no parte de la desconfianza hacia los políticos, sino de la necesidad de que la sociedad participe en el control del dinero público y con ello mejore la eficiencia de sus gestores.
Editorial
La Ley de Transparencia y la función pública