A los partidos políticos, a todos sin excepción, les gustaría tener jueces a su medida. Es decir, que enfrentados sus dirigentes a un proceso judicial por corrupción, el magistrado asignado a la causa hiciera una lectura "compasiva" de las responsabilidades de los acusados y los dejara marchar de rositas.
Para los socialistas andaluces la "bestia negra" se llama Mercedes Alaya por su instrucción del caso de los ERES fraudulentos. Igual que para el Partido Popular lo fue en su momento Baltasar Garzón por el tema Gürtel. Es verdad que ambos instructores tienen una cierta tendencia a la teatralidad de sus actuaciones. Una afición excesiva por los focos de las cámaras de televisión y convierten sus llegadas y salidas de los juzgados en un espectáculo de masas.
Dicho lo cual, nada tiene que ver esa exposición pública con el rigor en la investigación de los casos de corrupción más sangrantes que se han dado en el país en los últimos años. Y mira que ha habido. Al juez Garzón le ha costado su carrera judicial y la magistrada Alaya, que sigue sus pasos en el estrellato mediático, no se sabe donde le espera el rencor.
Resulta bastante chocante que el Gobierno en funciones de la Junta de Andalucía se haya mostrado tan pesaroso por la entrada en prisión del exconsejero de Trabajo, Antonio Fernández, dado que están personados como acusación particular y no han cesado de manifestar que son los primeros interesados en que se aclaren los hechos.
El auto de Mercedes Alaya es demoledor y las objeciones a la prisión de Fernández suenan igual que los llamamientos a la presunción de inocencia que el PP reclamaba para los suyos implicados hasta las cejas en la trama Gürtel. Argumenta la magistrada que el exconsejero diseño un sistema de ayudas públicas millonarias entregadas de manera discrecional. Tan discrecional que se la entregó a si mismo ya que se acogió a un ERE de la empresa bodeguera en la que trabajó y al que no tenía derecho porque había solicitado una excedencia voluntaria.
Un auto de prisión siempre es una pena muy dura para el acusado, pero los ciudadanos de a pie la sufren, igualmente, cuando conculcan la ley sin estas muestras de solidaridad de la clase política. Conviene recordar también que está acusado de cohecho y malversación. Que ha sido precisamente el testimonio del que fuera su director de empleo, Javier Guerrero (si el de la cocaína y las prostitutas) el que ha desvelado a la juez que el consejero estaba al tanto de todas las ayudas fraudulentas entregadas.
Mercedes Alaya apunta, precisamente, a responsables superiores de la Junta y advierte que la investigación va a analizar la supuesta "complacencia" de los servicios jurídicos ante estos hechos. Los jueces no son buenos o malos en función de cómo traten a un partido o a otro. Los jueces deben castigar con el máximo rigor los casos de corrupción política vengan de donde vengan y caiga quien caiga.