El Plan Territorial Insular (PTI) debe revisarse por imperativo legal. Aprobado en 2003 el mismo PTI dispone que cada diez años debe procederse a su revisión. En el 2013 se cumple el periodo reglamentario, por tanto no existe excusa alguna para no hacerlo. Diez años es un periodo de tiempo más que suficiente para que ocurran cosas que determinen la modificación de las bases sobre las que se asienta el plan. Precisamente en estos diez años han ocurrido hechos decisivos que han alterado la vida económica y social de nuestra isla. El procedimiento de revisión es tan largo y complicado que, si queremos tenerla lista para el próximo año no podemos perder tiempo. En este aspecto la actitud del Consell a través de la Conselleria correspondiente es correcta.
La reforma del PTI suscita enconadas discusiones y es natural porque la isla se juega mucho en ello. En el fondo se encuentra todo lo relativo a urbanismo, tanto en el medio urbano como en el rural, el desarrollo sostenible, carreteras y comunicaciones, el impacto medioambiental, la Reserva de la Bioesfera que, en definitiva afecta a la vida –bios- y dentro de la vida ¿qué hay más importante que la vida humana? Ciertamente no se trata de algo baladí.
La normativa es muy extensa y complicada. A nivel autonómico tenemos las Directrices de Ordenación Insular (DOT), a nivel insular el PTI, a nivel municipal los planes generales de ordenación urbana (PGOU). Normativa que debería obedecer a los mismos principios y criterios. Pero además existen otras muchas leyes que inciden sobre el territorio como la ley del Suelo, las que regulan la agricultura, etc. que para un ciudadano normal se hace muy difícil navegar con acierto entre todos estos escollos legales. El ciudadano lo que desea es que la normativa obedezca al sentido común. Y ese sentido común lo que demanda hoy por encima de todo es trabajo, lo que supone que haya empresarios dispuestos a invertir y a crear puestos de trabajo. El trabajo es vida humana. Y volvemos otra vez a la pregunta ¿qué hay más importante que la vida humana?
Ha llegado un momento en que a toda esa normativa se la considera como la normativa protectora del territorio. Yo creo que estamos equivocando los conceptos. Lo que necesitamos no es protección. Estamos hartos de medidas protectoras, de prohibiciones, de la cultura del no que nos ahoga por asfixia. Lo que necesitamos es cultura creadora. Una normativa que impulse, empuje, fomente la creación de vida humana, de empresas, de puestos de trabajo. Hay que derogar toda esa normativa que frena, que prohíbe y darle un giro copernicano de ciento ochenta grados. No es locura. Locura es esa ansia inmoderada de conservacionismo a ultranza, carca y mal entendido que ahoga la libertad y el progreso, sin libertinaje ni desarrollismo, con responsabilidad.
Palpemos la realidad con un ejemplo. En mi familia teníamos una finca rústica de cerca de cien hectáreas, situada en el centro del término municipal de Ciutadella. Por circunstancias de la vida me correspondió administrarla. Enseguida me di cuenta de la necesidad de tomar una determinación: o invertir o cerrar y vender. Como era una finca recibida de mi padre y de mi abuelo y la queríamos decidimos invertir. Electrificamos, pagamos la línea de alta tensión de más de un kilómetro y los derechos de reenganche a las fincas vecinas, el transformador, las líneas de baja, etc. Hicimos un pozo para tener agua abundante. Instalamos motobombas. Agua corriente para la vivienda del payés. Aspersores, primero de los pequeños, luego de los grandes con carrete rebobinador. Red de tuberías enterradas. Compramos dos tractores con sus complementos, remolque, ensiladora, sembradora, arados. Construimos dos cuartos de baño para los payeses, añadimos un dormitorio grande (tenían 9 hijos), modernizamos la cocina y el lavadero; nueva quesería, con cámara frigorífica, tanques para conservar la leche, cubas y prensas para confeccionar cuajada; pocilgas para cerdos habilitadas para recibir el suero, una nave-almacén para la paja, el grano y parque de maquinaria, silos de trinchera, establos, etc. etc. y una nueva boyera para 45 vacas con ordeño mecánico. Todo esto nos costó lo que se dice una millonada, pero la finca pegó un vuelco y su rendimiento aumentó considerablemente. El payés, el mejor beneficiado. En la familia en general quedamos satisfechos, aunque algunos me pusieron caras "agres".
Pues bien, promocionada así la finca, quise construir una vivienda ya que carecía de casa para el propietario. Acudí al Ayuntamiento para asesorarme y la respuesta fue negativa. No se podía, el PGOU no lo permitía. De modo que, después de construir alojamiento para 45 vacas, los correspondientes terneros, el caballo para las fiestas de San Juan, los cerdos, etc. el propietario de la finca, uno de los dos socios de la Sociedad Rural Menorquina, titular de la explotación, no puede construirse su vivienda en un lloc de cerca de un centenar de hectáreas de suelo rústico normal, es decir, no protegido. Quedé profundamente dolido por la indignación.
Si esto ocurre con un rústico no protegido, qué no ocurrirá en un rústico afectado por una de las innumerables zonas y clases de protección. Las vacas y otros animales sí, pero el propietario fuera. Insólita manera de discriminar, atentado contra el esencial derecho de propiedad y, en definitiva, contra la dignidad de la persona. Repetimos otra vez la pregunta: ¿qué hay más importante que la vida humana? La normativa sobre el territorio representada por el PTI no debería permitir absurdos dislates como el que aquí se denuncia. Tengan en cuenta que como éste hay un montón. Las necesarias correcciones deben hacerse con valentía y entereza, sin "sutilezas arbitrarias" ni con actitudes cobardes ante injustas amenazas de activistas que quieren imponer con el miedo sus dogmatismos radicales. El territorio debe estar en función de la persona y no al revés. Al no entenderlo así pierden el Norte. Las consecuencias económicas de estos errores para una isla en crisis, créanme, no son banales.
Señor consejero, al plantearle la revisión del PTI no le estoy defendiendo personalmente, sino recordándole una obligación. Y quiero añadir que si en las consultas previas o en las alegaciones posteriores Ud. no llama a los representantes de los propietarios de fincas rústicas o no les hace ningún caso, como ha ocurrido otras veces, cometerá una omisión injusta y grave.