La transparencia es por desgracia un valor que sigue cotizando a la baja en el mundo de la política, las centrales sindicales y las finanzas. Los lectores saben de sobras que el extenso manto de la opacidad envuelve numerosos y sonados casos que alimentan la palestra de la actualidad periodística, algunos desde hace años.
La financiación ilegal de partidos políticos, la entrada de importantes cantidades de dinero en las cajas fuertes de determinadas organizaciones sobre las que no se especifica su procedencia, las donaciones anónimas que pretenden escapar de todo control o la resistencia a facilitar datos que tendrían que ser de acceso público conforman en este país un rico mosaico en el que no brilla precisamente la transparencia.
Pese a que últimamente son frecuentes los llamamientos en favor de la transparencia y de una buena salud para nuestra democracia, la realidad se encarga de contradecirlos o desmentirlos a diario con hechos que al fin y al cabo no hacen más que aumentar la capacidad de asombro y repulsa entre la ciudadanía. Quiero llamar la atención sobre una información difundida semanas atrás y que a mi juicio pasó bastante desapercibida. El hecho es que datos del Tribunal de Cuentas indican que entre 1987 y 2007 los partidos políticos españoles ingresaron en concepto de donaciones anónimas unos cien millones de euros. Si ese tipo de donaciones desde hace cinco años está prohibido por ley, ¿qué sentido tiene que muchos políticos se llenen la boca con hipócritas apelaciones a la transparencia? ¿Cómo se atreven a abogar por ella -por la transparencia- dirigentes de CiU, PNV, PP y PSOE si esos partidos han sido los que se han visto más beneficiados con tales donaciones?
Por otra parte, ahora que aprieta la crisis muchas instituciones públicas se han visto obligadas a suprimir o reducir de forma drástica el capítulo de subvenciones. Una decisión muy comprensible que debería extenderse a partidos políticos, sindicatos y patronales. Porque de la financiación de estas entidades deberían responsabilizarse exclusivamente sus militantes o asociados. Sería la manera de cortar de raíz una vergonzosa serie de escándalos surgidos a partir de determinados favoritismos o injustificables desvíos de dinero por razones de afinidad política. [Y como es exigible que los hechos acompañen a las palabras, a fin de aplicar la máxima transparencia bueno sería que en Menorca también se suscribieran los correspondientes compromisos para que aflorasen ante la opinión pública los pormenores de la financiación que sostiene a las diferentes formaciones políticas, las centrales sindicales y las asociaciones empresariales].
Dado que la transparencia proporciona credibilidad a las personas e instituciones que la ejercen con honestidad -y por tanto sin cinismo-, quiero incluir aquí un apunte sobre la pasividad del Govern balear en relación a una reciente solicitud planteada desde los partidos de la oposición. Me refiero al hecho de que, transcurrida más de una semana desde que se formulara la petición, todavía no se ha dado respuesta al requerimiento para consultar el registro de intereses y actividades del presidente José Ramón Bauzá y poder comprobar si incurre o no en incompatibilidad de cargos. El delegado del Gobierno en Extremadura, propietario de una farmacia, recientemente se vio obligado a dimitir (y con anterioridad también tuvo que renunciar el consejero de Sanidad de la misma comunidad autónoma al ejercer al mismo tiempo su profesión en un gabinete de óptica de Portugal). El PSIB y el PSM se han interesado igualmente por la actividad empresarial de Bauzá en relación a una vinoteca. Al respecto, cabe recordar que el portavoz del Govern, Rafael Bosch, indicó el pasado día 11 que todo estaba en orden en materia de incompatibilidades. Si es así, ¿por qué se tarda tanto en facilitar los datos pertinentes a los solicitantes? Más aún: ¿Por qué no se informa abiertamente a la ciudadanía sobre el contenido del citado registro de intereses y actividades? Téngase en cuenta que no basta con que la transparencia quede circunscrita a la esfera parlamentaria. Con total transparencia ha de informarse también a los ciudadanos de la calle. ¿Por qué se demora, en fin, este ejercicio de transparencia?
El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado a conocer un proyecto de ley sobre buen gobierno y transparencia de las administraciones públicas. En los tiempos que corren, llenos de desconfianza, la transparencia se hace más necesaria que nunca. Los intentos para esquivarla solo generan más escepticismo y descrédito. Mientras tanto, solo después de celebrarse la semana pasada una importante reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha podido conocerse el déficit oculto que se registró en 2011 en tres comunidades autónomas gobernadas por el PP: Madrid, Valencia y Castilla y León, lo cual incrementa en cuatro décimas el déficit público estatal. Ya ven: una chocante manera de practicar la transparencia.