La sentencia que obliga al Consell a indemnizar a Cesgarden, promotora de un hotel de cinco estrellas en Son Bou, con más de 22 millones de euros, es de imposible cumplimiento. El importe es tan elevado que representaría la quiebra de la primera institución menorquina. El PTI, que ha recibido un amplio respaldo judicial, tropezó al llevar a cabo una operación de "esponjamiento" para trasladar una zona hotelera desde la urbanización a unos terrenos más interiores. A la vista de la resolución judicial, que es firme, no se valoraron con buen criterio las consecuencias de este acuerdo. Y ahora, los promotores tienen derecho a ser indemnizados. Todos los partidos se han puesto de acuerdo para presentar un recurso que inste la nulidad de la sentencia. La unidad política es positiva porque se trata de defender los intereses de la institución, antes que la exigencia de responsabilidades. Esta problemática no cuestiona la validez del PTI, más que refrendada, ni los criterios de protección del territorio, que la sociedad ha consolidado. Sí que plantea, sin embargo, la responsabilidad de quienes ordenan el territorio y la necesidad de una seguridad jurídica que avale también sus decisiones. Ahora se ve que rectificar no es una decisión sabia cuando sale tan cara.
Editorial
El Consell no puede pagar a Cesgarden