Mientras la mareante cantidad de miles de millones de euros en el cráter financiero de Bankia no ha dejado de crecer, el presidente del Gobierno se mantiene firme en su posición: no habrá una comisión parlamentaria específica para investigar el proceso que ha desembocado en la nacionalización de esta entidad bancaria. Mariano Rajoy tampoco está dispuesto a facilitar la exigencia de responsabilidades a los gestores de Bankia. Si finalmente se acuerdan comparecencias parlamentarias, éstas solo se llevarán a cabo, a puerta cerrada, ante la subcomisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), integrada en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
Se propina así un nuevo y duro golpe a la transparencia exigible a la democracia, pero lo más inaudito es que desde el Gobierno se intenta restarle toda importancia. Por ahora solo se concede que los diputados sean informados a puerta cerrada, lo cual constituiría un grave error político. Porque dada la magnitud y repercusiones del escandaloso caso, se impone crear una comisión investigadora ad hoc y a puerta abierta, con luz y taquígrafos, es decir, con presencia en el Congreso de los medios de comunicación que trasladarían a la opinión pública el desarrollo de ese trabajo parlamentario. Esta comisión no debería limitarse naturalmente a escuchar las explicaciones de los comparecientes -habría que citar a Rodrigo Rato, Miguel Blesa (presidió Caja Madrid), José Luis Olivas (presidió Bancaja), al actual presidente José Ignacio Goirigolzarri así como al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez-, sino que también debería tener acceso a cuanta documentación estimara precisa para poder depurar las responsabilidades pertinentes.
Porque no puede hacerse borrón y cuenta nueva en Bankia sin antes exigir responsabilidades administrativas, civiles y políticas. Y tampoco cabe obviar las responsabilidades de carácter penal. Al respecto, es oportuno reflejar aquí el ilustrativo punto de vista de Joan J. Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona. En un artículo publicado en "El País" y del que se han hecho eco otros medios, Queralt afirma que las responsabilidades penales pueden ser importantes y variadas. Y detalla: "En primer lugar, las alteraciones contables, si las hubo, para poder proceder a las fusiones entre las siete cajas en liza. Posteriormente, las eventuales manipulaciones tendentes a obtener un patrimonio positivo para poder salir a Bolsa, calidad patrimonial que a poco más de un año vista parece imposible. Finalmente, la información dada con cuentagotas y sin fundamento sobre el real estado patrimonial antes y después de la intervención. Todo ello sin contar las retribuciones e indemnizaciones por todos los conceptos que se hayan autootorgado y hayan percibido consejeros y directivos de este conglomerado financiero".
"En su mayoría -añade el catedrático catalán- estas infracciones integrarían diversos delitos contables o de falsificación de balances con penas para cada uno de hasta cuatro años y seis meses y multas de hasta 18 meses (216.000 euros). Podrían aparecer otras falsedades con hasta tres años de prisión y multa de hasta 144.000 euros; también pudieran apreciarse en la captación de capital para la salida a Bolsa posibles estafas muy agravadas por razón del perjuicio y de la esencialidad de los bienes en juego (se trata de un banco sistémico), que comportan penas de hasta ocho años de prisión y 288.000 euros de multa. En este terreno quizá pudiera entrar en juego el novedoso delito de fraude de emisiones con penas de hasta seis años de cárcel y multas análogas. Tampoco habría que pasar por alto ni la administración desleal o apropiación indebida de cara a los depositantes de cualquier clase -con penas análogas a la de la estafa- o el uso de información privilegiada, con penas más leves que las mencionadas. Todo ello sin dejar de lado, pues son independientes de las hipotéticas manipulaciones por la gestión financiera, los delitos de administración fraudulenta por las remuneraciones, indemnizaciones y demás modalidades de autocontratación que secan la liquidez de las entidades cuando se hacen efectivas. Los castigos precedentes comportan la inhabilitación para el ejercicio de la actividad mercantil". "En fin -concluye Queralt-, la querella la podría instar cualquiera para la estafa, la apropiación indebida y afines. Los perjudicados y también el ministerio fiscal, por afectar obviamente a los intereses generales y a millones de personas, ejercerían las acciones penales restantes".
El presidente del Gobierno no puede escudarse en el oscurantismo o en intereses partidistas. Creo que tiene el deber de propiciar la constitución de una comisión investigadora sobre el caso Bankia en el Congreso de los Diputados. Por una razón fundamental: a la ciudadanía y a los contribuyentes no se les puede escatimar su derecho a saber qué ha pasado en Bankia y quiénes han sido los culpables de su hundimiento. Porque si ha habido un multimillonario agujero financiero es lógico que alguien cargue con las culpas. Es imprescindible, por tanto, no demorar la exigencia de responsabilidades.