La duras críticas lanzadas ayer por la Asociación de Usuarios del Puerto de Ciutadella no deben caer en saco roto y por tanto el Govern está obligado a explicar y responder con rapidez a cada una de las acusaciones que cuestionan la gestión, calificada de "arbitraria", que se está llevando a cabo en la rada de Ponent. Los hechos denunciados son suficientemente graves, por lo que la Administración autonómica debe acabar con la indefinición y actuar con presteza para resolver un problema, la regularización de los amarres, que perjudica seriamente a la población y que se arrastra desde hace demasiado tiempo. Además se ha de investigar y depurar responsabilidades si como se denuncia se ha accedido ilegalmente a las embarcaciones, se han borrado peticiones de la lista de espera y si se ha mantenido una actitud pasiva a la hora de solucionar la situación irregular de determinadas embarcaciones. Paralelamente, Ports de les Illes Balears debe replantearse el tratamiento que está dando a uno de los puertos con mayor atractivo de las Islas y los retrasos que acumulan diversas actuaciones para su revitalización, ya que ello repercute directamente en la economía del municipio.
Editorial
La gestión del puerto de Ciutadella exige respuestas