La nueva normativa para el sector comercial, que entre otros aspectos prevé la liberalización de horarios, ha chocado con la total oposición de las asociaciones que agrupan a los pequeños y medianos comerciantes de Balears. Según las patronales, entre ellas ASCOME, las medidas anunciadas por los ejecutivos central y autonómico benefician a las grandes superficies en detrimento del negocio tradicional, advirtiendo que en los próximos dos años podrían cerrar el 50 por ciento de las empresas lo que acarrearía una pérdida de hasta 25.000 puestos de trabajo.
La convivencia entre las grandes superficies y el pequeño negocio no ha sido nunca fácil, diferencias que ahora se han agravado aún más ante la crisis económica que ha tenido como consecuencia un descenso del consumo. En este escenario, tanto desde la Administración como desde el propio sector se han de buscar fórmulas que garanticen la supervivencia del comercio tradicional pero que tampoco penalicen a los grandes centros de venta. Cada una de las islas tiene sus propias particularidades que deben ser tenidas en cuenta. Además, se ha de avanzar en la adaptación y especialización de la oferta según las necesidades de los clientes. El reto es que haya espacio para todos.