La Asociación Empresarial de Comerciantes de la Isla de Menorca (ASCOME) mostró ante el vicepresidente económico del Govern su enérgica oposición a la liberalización de los horarios comerciales acordada por el Gobierno en el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
La medida amplía de forma genérica el horario mínimo de apertura en los días laborables (que pasa de 72 a 90 horas) y el número de días festivos en que pueden permanecer abiertos los comercios (que pasa de 12 a 16, sin perjuicio de la facultad de cada comunidad autónoma de limitar a 10 dicha cifra), y prevé la "total disponibilidad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público" los establecimientos ubicados en zonas de gran afluencia turística; calificación que corresponderá a cada Comunidad Autónoma a propuesta de los municipios.
Así, previa declaración de "zona de gran afluencia turística" (espacio que puede corresponderse con la totalidad o parte de un municipio), los comerciantes tendrán libertad para decidir sobre su horario comercial; libertad que la propia norma prevé también para otro tipo de establecimientos ubicados o no en zonas declaradas de "gran afluencia turística": los dedicados a la venta, entre otros, de pastelería y repostería, pan, platos preparados y las denominadas tiendas de conveniencia.
Así las cosas, si bien es cierto que la norma –centrándonos en los establecimientos ubicados en zonas de gran afluencia turística- no obliga a los comerciantes a abrir en domingo (de hecho, tienen "total disponibilidad" para fijar los días y horas de su horario comercial), no lo es menos que la liberalización radical del sector puede encarnizar aún más la desigual batalla entre el pequeño comercio y las grandes superficies, habiendo sido razonable –y deseable- la inclusión por el legislador de algún tipo de medida protectora hacia el sector minorista. Sin dicha protección, no será de extrañar que los domingos esté más concurrido el Polígono Industrial de Mahón que el centro histórico mientras el tejido empresarial local desaparece fagocitado por las grandes superficies, las cuales compiten contra el pequeño comerciante con todos los ases en la manga y las cartas marcadas.
Pero tampoco sería justo demonizar a los grandes comercios, necesarios para dinamizar el sector comercial y capaces de generar cientos de puestos de trabajo (cuestión extremadamente importante en estos tiempos); todo ello sin olvidar que las propias características de este tipo de establecimientos permiten mayores ventajas a los consumidores, los cuales tienen acceso –gracias al volumen y posibilidades de este tipo de comercios- a una mayor diversidad de productos, posibilidad aún más agradecida en una Isla como Menorca.
De esta forma, en la dialéctica entre el pequeño y el gran comercio, existe un tercer elemento indispensable: el consumidor, figura que se presenta como mayoritaria y que debiera encarnar el bien superior protegido por la norma ya que, en cualquier caso, sin consumidor poco importa ya la regulación del horario comercial. De esta forma, el Real-Decreto aprobado por el Gobierno apunta, entre sus principales objetivos, el incremento de "las posibilidades de compra del consumidor y, en consecuencia, sus oportunidades de conciliación de la vida familiar y laboral"; objetivo que resulta tan loable como necesario en la sociedad actual en la que el hombre y la mujer han entrado en condiciones de igualdad –teórica- en el mundo laboral.
Así, si situamos al consumidor en la cúspide del bien que la norma debe proteger, no podemos olvidar que dicha figura se asimila en Menorca, al menos durante unos meses del año y de forma mayoritaria, con el turista. En este sentido, ni la norma ni los comerciantes deben caer en un servilismo incondicional hacia el turismo ni podemos dar la espalda a un hecho objetivo como es el necesario mantenimiento del turismo y de los recursos económicos que éste deja cada verano en la Isla.
De esta forma, teniendo en cuenta todos los intereses en juego y las medidas protectoras que necesitan unos y otros, parece necesaria la consecución de un gran pacto entre el sector comercial (que pasará por dar armas a los pequeños comerciantes sin demonizar a las grandes superficies) y el consumidor-turista, figura esencial para el sostenimiento de la economía menorquina. Resumiendo, tiene tan poco sentido que el pequeño comerciante se vea obligado a abrir un domingo del mes de febrero para evitar la competencia despiadada de los grandes establecimientos como que los turistas de un crucero que paseen por el centro de Mahón un domingo cualquiera del mes de agosto acaben volviendo al barco con las manos vacías, la cartera llena y la sensación de haber visitado una ciudad fantasma.
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