Para saber que sobran políticos y cargos de confianza no hace falta acudir a estadísticas y comparativas con otros países. No creo que la democracia deba vincularse a la cantidad, sino a la calidad de los representantes políticos. Y si pasamos lista, el resultado no sería muy distinto al del fracaso escolar. Pero la constatación del exceso de cargos no es una interpretación antisistema, sino que ha de relacionarse con la reforma de la administración pública. La necesidad de un Expediente de Regulación de Empleo en las administraciones topa con una oposición férrea de los propios partidos. Los dirigentes se sienten empresarios del negocio público y al mismo tiempo son empleados, por tanto no están dispuestos a aplicar un ERE que les afecta. Mandar a un compañero al paro es una experiencia durísima.
Por eso no sorprende que los dirigentes de administraciones locales del PP y del PSOE se hayan reunido en los últimos días para afianzar una estrategia común en contra de las intenciones del ministro Montoro de agrupar ayuntamientos y reducir la administración local. El primer intento ya hizo agua. Ahora, los posibles afectados se parapetan para rechazar la segunda andanada.
Tampoco sorprende que la presidenta del Consell de Mallorca le diga a Bauzá que no va a devolver ni una sola competencia al Govern, a pesar de la evidencia histórica de que el Consell mallorquín y el Govern son dos administraciones duplicadas, con un gasto inútil, que repercute en la economía de todos los baleares.
Un Gobierno que ha desarrollado un gran número de reformas, está obligado a aplicar los cambios que afectan directamente a los profesionales de la política y a los cargos de confianza. No tiene sentido que la administración se preocupe de salvarse cuando a su alrededor todo se hunde.