La vivienda de 120 metros cuadrados anexa a la finca vinícola de Binifadet casi ha sido demolida en su totalidad. El Ayuntamiento de Sant Lluís ha querido cumplir la orden judicial con discreción, aunque no podrá evitar lo que más teme, una indemnización que puede superar el millón de euros. La vivienda no era ilegal. Se construyó con licencia, pero no cumplía las normas y una sentencia firme obligaba a su demolición. Es un caso insólito en una Isla donde se han cometido miles de ilegalidades en suelo rústico y los casos de restitución se cuentan con los dedos de una mano. La licencia se concedió en 2004 y el PSM abrió la vía del contencioso porque consideró que era ilegal. El silencio administrativo del Consell fue determinante. Este caso se suma a otros, como el de Cesgarden en Son Bou, en que errores en la gestión y la planificación urbanística generan derechos indemnizatorios que ponen en jaque las arcas públicas, especialmente en estos momentos de carestía de recursos y falta de liquidez. En algunas situaciones, esperar sentencias favorables solo sirve para demorar las soluciones e incrementar los costes. El error es comprensible, sin embargo la persistencia en el mismo es criticable y además puede salir muy caro.
Editorial
La responsabilidad por el error del chalé de Binifadet