La problemática del transporte aéreo, en tiempo de crisis, no hace más que acentuarse y a la vez la demora en las soluciones es uno de los obstáculos para vislumbrar una salida de la recesión. La declaración de servicio público con Madrid y la idea de la tarifa plana y universal con Palma son buenas iniciativas, pero corren el riesgo de no llegar a responder a las necesidades de la Isla por las políticas de austeridad y porque no se ha abierto un debate previo imprescindible, el de la doble insularidad. Balears no es una comunidad uniforme. Mallorca tiene una población de 873.414 residentes, que tienen pocos problemas con el transporte aéreo, puesto que cuentan con una oferta amplia y a buen precio. Menorca, con 94.875 habitantes censados, dispone de poca oferta de vuelos y a unos precios desorbitados. Imponer un tope al descuento de residente expresa, entre otras cosas, una forma de ver la problemática menorquina desde administraciones que no llegan a comprender nuestra realidad. Reconocer la doble insularidad significa establecer diferencias en la dotación de recursos. En transporte aéreo, Menorca ha de recibir más recursos que Mallorca en el reparto de los 80 millones del descuento de residente. Es una reclamación justa y merece que alguien se atreva a plantearla.
Editorial
La doble insularidad, un debate urgente