Siempre responsables

En poco tiempo han aparecido varios casos de actuaciones urbanísticas proyectadas, incipientes o terminadas marcadas por sentencias judiciales contrarias a los intereses de la administración pública. Binifadet, CESGARDEN, Cala Llonga, Xaloc. Cada caso es diferente, pero tienen en común que las decisiones adoptadas por los administradores públicos han sido reprobadas por las instancias judiciales, lo que supone que el propietario reclame una compensación económica. En este momento, en el que los ayuntamientos imprimen los folios hasta por tres caras, estas indemnizaciones aterrorizan a los actuales mandatarios y enervan a los ciudadanos: "¿Por qué tenemos que pagar nosotros las decisiones mal adoptadas de otros?" El debate es peliagudo. La reclamación de responsabilidades a los concejales o consellers que dieron una licencia que no debían o pararon la obra con demasiada ligereza, siempre según el juez, se debería enmarcar en dos niveles. Uno está claro. Si el juez concluye que la licencia se dio mal a sabiendas, contra el alcalde o conseller se deben adoptar las medidas penales que la ley establezca. Pero esto hay que demostrarlo. ¿Y si no se demuestra que hubo mala fe? ¿Qué hacemos? Si el político está activo, tiene que irse a casa. Pero, ¿se debería poder reclamar responsabilidades a aquellos cargos políticos ya fuera de circulación o en la oposición que se equivocaron en perjuicio, en última instancia, de las arcas públicas? Ellos suelen negar la mayor y escudarse en informes favorables que los indujeron al error. Está claro que apelar a esto es insuficiente. Responsabilidad tienen. El quid, nada sencillo, de la cuestión es determinar cómo responden a ella de forma proporcionada y sin caer en demagogias del tipo "que lo paguen". De momento, sobre ellos recae la reprobación pública.