El Gobierno ha puesto en marcha la tramitación de una primera ley para reformar la Administración, en este caso la local. A pesar de la confusión sobre algunos aspectos, se intuye que los efectos sobre los ayuntamientos de la Isla van a ser mínimos. Todos ellos se han apretado el cinturón y la ley no parece que vaya a suponer más recortes. Los cambios en materia de competencias pueden ser un alivio económico para las depauperadas arcas municipales, aunque es probable que después vuelvan a ser los ayuntamientos quienes gestionen con recursos de la Comunidad Autónoma. El Gobierno no se ha atrevido a reducir el número de ayuntamientos, cuando la lógica económica lo recomienda, como han hecho otros países. Además ha iniciado una de las reformas pendientes más importantes por la base, por los municipios, cuando son otras instancias las que generan el déficit y de las que no depende tanto la calidad de vida de los ciudadanos. El plan que ahora se inicia puede otorgar un mayor papel al Consell de Menorca en la gestión de algunos servicios mancomunados y como organismo autonómico. Esta idea es positiva. Habrá que ver el detalle de la norma para valorar qué objetivos se alcanzan.
Editorial
Tímido paso en la reforma de la Administración