Salvador Botella tiene razón cuando pregunta "por qué tengo que pagar yo -se refiere al Ayuntamiento de Maó- que usted quiera ir a nadar?". La tiene si se aplican criterios puramente económicos. Las tarifas de la piscina municipal son muy bajas y si no se cubren los costes es lógico que se incrementen los precios, siempre que no resulten excesivos. El concejal, que en el último pleno quedó claro que no ha pasado a un segundo plano, también tiene razón "técnica" cuando defiende que los no residentes en el municipio paguen más que los empadronados en Maó, aunque los de Sant Lluís, Es Castell y Alaior no tengan piscina pública. Es lógico que si la piscina es municipal y se mantiene con los impuestos de los vecinos de Maó, los que vienen de otros términos deban colaborar más en sus gastos.
La situación es curiosa. La otra piscina cubierta y climatizada de la Isla, en Ciutadella está cerrada, por lo que Botella (el Ayuntamiento) tiene ahora el monopolio de la actividad. Y, para acabar, el concejal tiene razón cuando dice que "esto -el Ayuntamiento- no es el Consell".
Sería un disparate pensar que ahora los residentes en Sant Lluís o Es Castell, que viven más cerca de la piscina de Maó que los del barrio de Dalt Sant Joan, puedan querer una piscina propia. Y también podrían tener razón si los precios de la "capital" suben demasiado para los foráneos. Sería volver a los tiempos antiguos, cuando los alcaldes recién elegidos o los redactores de programes electorales planificaban servicios e infraestructuras que nadie pedía.
Los servicios, a una distancia asequible, deberían tener un uso supramunicipal. Ahí está el Gobierno reformando la administración local. ¿El Consell no tiene nada que decir?