El éxito policial en la captura del vendedor de patatas y bebidas en las playas de La Vall, en una operación de madrugada, ha provocado muchos comentarios en las redes, algunos bastante refrescantes. Este gallego ha sido un verdadero emprendedor, ya que ha desarrollado su propio negocio, con un plan de marketing, un estudio de mercado y una infraestructura suficiente de bajo coste: una nevera, productos de primeras marcas, y un zulo cerca de las playas vírgenes como almacén. Eso sí, se le ha olvidado darse de alta y cotizar en la Seguridad Social. La previsión de ingresos de hasta 75.000 euros parece un cálculo excesivo. Tendría que facturar más de 800 euros al día, durante tres meses de trabajo, sin días de descanso. Si fuera así, habría descubierto una mina digna de estudio en el Esade de Diego Torres. Además, con tal facturación sería capaz de generar empleo, como mínimo un contable.
La verdad es que la economía siempre va por delante de la Administración. Si este emprendedor hubiese querido montar el negocio con todos los papeles en regla nunca lo habría conseguido. Vean si no el debate infructuoso sobre la instalación de chiringuitos en las playas vírgenes. Para darle una licencia, antes debería contar con informes favorables de Costas, de Medio Ambiente, del Consell, del Ayuntamiento, de la Dirección General de Comercio, de Sanidad. Todo ello con la celeridad propia de la burocracia administrativa y en un ambiente animado por la polémica sobre si conviene o no al paisaje la figura de un hombre pegado a una nevera paseando su cuerpo serrano por la orilla de una de las calas más bonitas de la Isla.
No se trata de ser permisivos con la emprendeduría ilegal. Pero quizás hay que preguntarse otra vez si la economía se anima con normas y decretos o facilitando la iniciativa contra el hambre.